SE ACABO – Informe Final Comision Investigadora del acuerdo colaboracion eficaz caso Odebrecht
Informe Final de la Comisión Investigadora del Congreso sobre el Acuerdo de Colaboración Eficaz con Odebrecht: Un Punto de Inflexión en la Lucha contra la Corrupción
El 12 de junio de 2026, el Pleno del Congreso de la República del Perú aprobó, con 83 votos a favor, 11 en contra y 2 abstenciones, el informe final de la Comisión Investigadora Multipartidaria que revisó el Acuerdo de Colaboración Eficaz suscrito entre el Estado peruano y la constructora brasileña Norberto Odebrecht . Este documento, que representa un hito en el escrutinio parlamentario de uno de los casos de corrupción más emblemáticos del país, concluye que el acuerdo habría sido lesivo a los intereses nacionales y plantea graves cuestionamientos a su negociación y ejecución.
El Origen y Propósito de la Investigación
La comisión fue creada mediante la Moción N.° 15431, aprobada por el Pleno del Congreso el 12 de marzo de 2025, con la misión de investigar los actos vinculados a la negociación, celebración, homologación y ejecución del acuerdo de colaboración eficaz, así como sus posibles efectos económicos y legales en perjuicio del Estado peruano . Presidida por el congresista Alejandro Muñante Barrios (Renovación Popular), el grupo parlamentario se abocó a analizar la información remitida por el Ministerio Público, la Procuraduría Ad Hoc, la Contraloría General de la República y el Poder Judicial, además de recoger las declaraciones de más de 25 comparecientes .
Hallazgos y Cuestionamientos Centrales
El informe final pone en evidencia una serie de presuntos vicios sustantivos y procedimentales que, según la comisión, afectarían la validez del acuerdo. Entre las observaciones más críticas se encuentran:
Limitación del Alcance de la Colaboración
Uno de los puntos centrales del cuestionamiento es que el acuerdo de colaboración eficaz, firmado el 15 de febrero de 2019 y homologado en junio del mismo año , solo incorporó 4 proyectos de los 21 que la Contraloría había señalado con irregularidades relacionadas a Odebrecht . Esta limitación habría restringido significativamente el alcance de la investigación y la posibilidad de esclarecer la totalidad de los actos de corrupción atribuidos a la empresa en el Perú.
Beneficios Indebidos y Perjuicio Económico
El informe señala que el acuerdo otorgó beneficios desproporcionados a la constructora brasileña. Se cuestiona la exención de pena a exfuncionarios de Odebrecht, la exclusión de sanciones administrativas, la inaplicación de impedimentos para contratar con el Estado y la exclusión de la Ley N.° 30737, relacionada con el pago de reparación civil en casos de corrupción .
En el aspecto económico, la comisión sostiene que Odebrecht debió restituir aproximadamente S/ 1,320 millones al Estado peruano; sin embargo, el acuerdo fijó una reparación de solo S/ 610 millones, generando una diferencia cercana a S/ 710 millones . Además, se cuestiona que, tras la venta de la Hidroeléctrica Chaglla por alrededor de S/ 4,500 millones, solo se destinaron S/ 80 millones al primer pago de la reparación civil .
Omisión de Información Crucial
El informe también advierte que Odebrecht no entregó información de los sistemas “Drousys” y “MyWebDay”, considerados claves para identificar presuntos pagos ilícitos . Estos sistemas constituían una pieza fundamental para la corroboración de la información proporcionada por la empresa, y su omisión habría debilitado la eficacia del acuerdo.
Señalamientos a Funcionarios y Recomendaciones
El documento aprobado identifica presuntos indicios de delitos contra fiscales, exautoridades y otros involucrados en el caso. Entre los mencionados figuran José Domingo Pérez, Rafael Vela, Zoraida Ávalos, Gustavo Gorriti, Jorge Ramírez, Silvana Carrión y Pablo Sánchez . De acuerdo con el informe, los hechos podrían estar vinculados a presuntos delitos como prevaricato, encubrimiento, omisión de actos funcionales, abuso de autoridad, cohecho, tráfico de influencias y obstrucción a la justicia .
Las principales recomendaciones del informe incluyen:
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Revisión integral del acuerdo y promoción de su anulación judicial parcial.
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Inicio de procesos disciplinarios y penales contra los funcionarios involucrados.
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Reforma del marco legal de colaboración eficaz.
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Mayor control parlamentario y participación de la Fiscalía de la Nación y la Procuraduría General del Estado en futuros acuerdos.
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Creación de una Comisión de Seguimiento Parlamentario Permanente para supervisar acuerdos de colaboración eficaz en casos de gran corrupción .
El Contexto del Debate y la Transparencia
La aprobación del informe se da en un contexto de intenso debate sobre el manejo del caso Odebrecht. Durante la sesión plenaria, algunos congresistas criticaron al Ministerio Público y a los fiscales del Equipo Especial Lava Jato, acusándolos de buscar protagonismo y de haber causado un supuesto daño al Estado . Por otro lado, defensores de la transparencia señalan que el acuerdo, inicialmente secreto, fue objeto de una controversia que llegó al Tribunal Constitucional, el cual en diciembre de 2024 ordenó al Ministerio Público hacer público el documento, fortaleciendo los principios de transparencia y publicidad de la información .
Conclusiones
El informe final de la Comisión Investigadora del Congreso sobre el acuerdo con Odebrecht marca un punto de inflexión en la evaluación parlamentaria de la lucha anticorrupción en el Perú. Al concluir que el acuerdo habría resultado lesivo al interés nacional y estar afectado por una posible nulidad, el Congreso abre un nuevo frente de debate sobre la eficacia de los mecanismos de colaboración eficaz y la necesidad de revisar el marco legal para garantizar que estos instrumentos sirvan efectivamente a la justicia y la reparación del daño al Estado, y no se conviertan en herramientas que otorguen beneficios indebidos a empresas corruptas .
La implementación de las recomendaciones del informe dependerá ahora de la voluntad política y de las acciones que emprendan las instancias correspondientes, en un escenario donde la tensión entre el control político y la independencia del sistema de justicia continúa siendo un tema central en la agenda nacional.












